Extrabajadoras del Refugio Regional para la Mujer acusan a funcionarias de abusos, violaciones y demás irregularidades.

Cuatro exempleadas del Refugio Regional “Agua Azul” Para Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia – entre ellas tres psicólogas y una trabajadora social- denunciaron públicamente diversas anomalías con las que se encontraron durante su estancia en dicho lugar, así mismo  de cómo fueron víctimas de abusos, humillaciones y maltrato psicológico por parte de la directora de la Instancia de la Mujer, Maricela Román Reinoso, la abogada de la instancia Rocío Hernández y la regidora de Equidad y Género e Igualdad, Graciela Domínguez García.

Hannali Amaro Vicario, Daisy Yazmin Zarate Alejandre, Nancy Benítez Martínez  e Isaura Martínez Quintana, explicaron que ingresaron al proyecto del refugio regional en el mes de mayor de año anterior, (cabe señalar que durante el año 2016  el municipio de Jojutla fue beneficiado con poco más de 3 millones de pesos para la rehabilitación del inmueble con recursos federales), por lo que como primera arbitrariedad fueron condicionadas a dar el 50 por ciento  de su salario a la directora de la instancia por presuntas órdenes del alcalde para que el proyecto que estaba destinado para seis meses continuara.

“Nos intimidaban bastante, en el pago había un acuerdo de que fuera así para que el proyecto siguiera pero nos dimos cuenta que todo había sido manipulado, y es que nos dijeron que el alcalde estaba de acuerdo pero nos dimos cuenta que no, al mismo tiempo que nos dieron el contrato también no dieron la renuncia, fuimos hablar con él y nos dijo que desconocía del tema, nos intimidaba mucho la licenciada Rocío” dijo la psicóloga Nancy.

Isaura explicó cómo les quitaban la mitad de su ingreso “luego nos llevaban al banco, la licenciada Maricela y nos esperaba hasta que cobrábamos, de ahí nos llevaba a la instancia y nos retiraba la mitad del cheque, nos pagaban $ 18, 275 pesos mensuales pero solo nos daban $9, 137 pesos al mes y la mitad se lo quedaba Maricela, que para lo del resto del proyecto pero eso nos fue sonando incongruente con todo lo demás”.

Hannali Amaro aseveró que aparte de que les quitaban dicho porcentaje, les habían exigido que donaran un mes de trabajo por órdenes del alcalde, -cuando este aparentemente  ignoraba la situación- “Maricela nos dijo que quien guardaba el dinero era la regidora Graciela Domínguez y que después nos lo iba a regresar, después hablamos con el presidente y nos dijo que nos iba a poyar con la demanda pero como uno no tiene poder ni nada lo hicieron y la manejaron a su antojo, después dijeron que nos iban a dar el dinero que nos faltó pero nunca paso eso”.

El Ayuntamiento dio el “apoyo” a este grupo de profesionistas hasta presentar la denuncia, sin embargo una vez puesta las dejaron solas, “primero nos pusieron a un abogado y luego nos cambiaron a otro externo, pero lo último que nos dijeron es que la denuncia había caducado, además de que como nosotras firmábamos de recibido ya no se podía hacer más y es que incluso nos tomaban fotos cuando nos daban el cheque y nos decían sonrían” citó  Amaro Vicario.

Y aunque suene irónico, el grupo de jóvenes aseguran que fueron violentadas por mismas mujeres (superiores), en un lugar donde se supone se debería de brindar atención, cuidado, respaldo y demás servicios a la mujeres víctimas de violencia, “ es una situación totalmente incongruente que nos hagan esto” refirió una de ellas, además de que aseguraron que Domínguez García obligó al personal operativo a dar estadísticas falsas sobre las supuestas atenciones que se ofrecían en el lugar “se nos citó desde marzo para decir que ya llevábamos nueve usuarias captadas, pero todos los expedientes de enero a esa fecha son falsos porque en realidad comenzamos a operar hasta mayo”.

Estas anormalidades se suman a la violencia psicológica ejercida por la directora del refugio, Maricela Román hacia las féminas que buscaban la atención, ya que ésta ejercía presión para evitar el egreso de las usuarias “hay personas que afirman que se sintieron humilladas o en la cárcel porque no se les permitía el egreso del refugio, se les racionaba la comida y no tenían avances en su situación jurídica”, además de que no contaban con alimento suficiente para las usuarias que se encontraban en el lugar, “yo no me llevaba mucho dinero pero aunque sea les dejaba $50 pesos para que comparar algo, pero me llamaban la atención porque me decían que no debía hacer eso, que la directora era la responsable de llevar el alimento y estar al pendiente, pero incluso nos preguntaban qué ¿Por qué no iba la directora?, no les daban seguimiento a la situación jurídica, una de las que salió tuvo que pagar de su dinero la asesoría legal porque en la instancia no le dieron atención, y nos dimos cuenta porque nos la encontramos en la instancia como en seguimiento en psicología” aseveraron.

Finalmente las inconformes dijeron que las funcionarias en todo momento bloquearon el encuentro con el personal del Centro Nacional de Refugios, a fin de que no dijeran nada a excepción de una ocasión donde no hablaron, ya les aseguraron que les pagarían lo que se les debía al día siguiente pero esto, nunca ocurrió.

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