La SFP detalló que como parte de las investigaciones que se realizan a consecuencia de los hechos fatales del 12 de julio, “se cuenta con comunicaciones enviadas por instancias estatales, municipales y vecinos del lugar, relacionados con posibles riesgos de la obra”.Aclaró que “al no acreditarse hasta el momento una adecuada atención a las mismas, y ante evidencia de actuaciones negligentes, se acreditó posible responsabilidad de tres servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.
En este sentido la SFP aclaró que no hará públicos sus nombres y cargos, por respeto al principio de presunción de inocencia. Además, señaló que estos procedimientos no excluyen otras líneas de investigación relacionadas con servidores públicos estatales o municipales.
El 17 de julio inició una auditoría al Centro SCT Morelos, al que se solicitó documentación de la contratación de obra pública y servicios relacionados; estudios de mecánica de suelo, proyecto ejecutivo y bitácoras de obra.
La auditoría tiene como objetivo revisar procesos como la contratación de empresas del consorcio constructor Aldesa-Epcor; que la calidad de los trabajos cumpla con los alcances contractuales conforme a la normatividad; y las acciones por las empresas que construyeron y supervisaron la obra.
Forman parte de la investigación los procedimientos de la Auditoría Superior de la Federación.
En el comunicado, la SFP detalló que se revisa la obra pagada y no ejecutada, como parte de la misma labor.
Un punto más bajo revisión, son los contratos celebrados entre la administración pública federal y las empresas relacionadas con la obra del Paso Exprés de Cuernavaca.
A través de los Órganos Internos de Control y las Unidades de Responsabilidades, la SFP ha iniciado la recopilación de la información relacionada con todos los contratos celebrados por dependencias o entidades federales y las empresas que participaron en la construcción y supervisión del Paso Exprés”.
