El TJA ordenó destitución de integrantes del Cabildo de Puente de Ixtla por incumplimiento y negativa de proporcionar la asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria a un elemento policial jubilado.

Puente de Ixtla, Mor., 08 de septiembre de 2017.-  El Juez Cuarto de Distrito determinó la destitución la presidenta municipal Dulce Medina Quintanilla, así como de los regidores y síndico de este lugar por incumplimiento y negativa de proporcionar la asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria a un elemento policial jubilado.

Lo anterior, lo notificó este viernes 8 de septiembre del año en curso la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos (TJA), donde se establece la destitución de todos y cada uno de los integrantes del cabildo del municipio, después de incumplir con la resolución definitiva dictada en autos del juicio de nulidad TCA/3ª S/110/2014, promovido por  Felipe Domínguez Ayala elemento de la policía jubilado de dicha comuna.

Francisco Javier Salgado Guzmán, representante legal del policía jubilado informó que lo anterior fue en cumplimiento a una orden del Juez Cuarto de Distrito con sede en el Estado de Morelos en ejecución de una sentencia de amparo dictada en el expediente 67/2017.

Explicó que lo anterior se derivó después de que las autoridades destituidas se negaran a proporcionar la asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria al indicado jubilado.

La mencionada orden de destitución fue emitida por Jorge Alberto Estrada Cuevas, titular de la Tercera Sala del órgano jurisdiccional antes mencionado y en cumplimiento de la orden de un juez federal, derivado de la rebeldía injustificada de los miembros del ayuntamiento de Puente de Ixtla para cumplir con las obligaciones que tienen respecto de los trabajadores de dicho municipio.

Comentó que previó a esto se les impusieron multas por un monto superior a los 500 mil pesos, los cuales, a pesar de haberse ordenado fueran pagados con sus propios recursos, fueron cubiertos con dinero del erario.

Además de la destitución el Tribunal, también los funcionarios fueron inhabilitados, para que en un plazo de un año no puedan desempeñar ningún cargo público.

El representante legal recalcó que al tratarse de una resolución dictada en cumplimiento de un Juicio de Amparo, emitido por un Juez Federal, las autoridades destituidas no podrán hacer uso de ningún medio de defensa, pues tal circunstancia hacen improcedentes tanto el juicio de amparo, como la controversia constitucional, contrario a lo que ha pasado en otros asuntos, de los cuales se han liberado de la sanción al exhibir los pagos correspondientes; “sin embargo, al tratarse del incumplimiento de una prestación no pecuniaria, se ven imposibilitados por el perjuicio causado al trabajador que demandó y por la rebeldía injustificada de las mismas autoridades”, citó.

Aseguró que el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos, ha notificado tanto al Titular del Ejecutivo Estatal como al Congreso del Estado por la trascendencia de la resolución y ha requerido al Secretario General del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, a efecto de que dentro del término de dos días convoque a los suplentes de las autoridades destituidas con el fin de que asuman el cargo correspondiente y una vez hecho eso, den cumplimiento a la resolución dictada por el juez federal.

El representante legal indicó que la sanción se da en un contexto de corrupción, rebeldía y desprecio hacia el estado de derecho mostrado por las autoridades, ya que, la destitución se da por el incumplimiento de una prestación que no implica la erogación de ningún tipo de recurso económico, pues se trata de un simple trámite administrativo, el cual se negaron a cumplir. “La resolución descrita, se da, según las autoridades jurisdiccionales, derivado del “desprecio hacia la cosa juzgada” mostrada por las personas sancionadas, así como por diversas violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos”, apuntó.

Señaló que las personas que fungían como autoridades en funciones, han sumergido al municipio en una problemática preocupante, pues se ha generado ingobernabilidad y una administración incierta, en donde, derivado de la negligencia de los titulares de la administración pública y por casos como este, han fallecido personas al no contar con los servicios médicos adecuados a los que tienen derecho y se han enderezado acciones legales tendientes a conseguir la indemnización correspondiente, lo cual acentuaría la supuesta crisis económica que atraviesa el municipio por la simple negligencia de las autoridades, acotó.

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