DESARMAN Y DETIENEN A ESCOLTAS DEL ALCALDE DE TLAQUILTENANGO

El presidente municipal de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, acusó al comisionado estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, de abuso de autoridad luego de acudir a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca para solicitar la liberación de sus tres escoltas, quienes fueron detenidos por elementos del Mando Único por presunta portación de arma de fuego sin contar con los permisos correspondientes.

De acuerdo a declaraciones del edil, los hechos ocurrieron cuando se encontraba en una agencia automotriz en la avenida Río Mayo, cuando el comisionado Alberto Capella pasó por el lugar, al percatarse de la presencia de los escoltas; ordenó a elementos del Mando Único desarmar y detener a la guardia de seguridad, ya que presuntamente éstos no contaban con los permisos para portar armas de fuego.

“Llegamos a una agencia conocida en la avenida Río Mayo y pasó el Comisionado de Seguridad Pública, vio a mis escoltas y de inmediato llegó todo el cuerpo policiaco, los desarmó, los levantó y se los llevó”, señaló Alonso Plasencia.

El alcalde mencionó que el abuso de autoridad continuó en la secretaría de Seguridad capitalina, en donde se negaron a dar cualquier información sobre la situación jurídica de su equipo de seguridad.

Aseguró que estas acciones son parte de las represalias que ha vivido el municipio de Tlaquiltenango desde que decidió salirse del esquema del Mando Único policial.

“Ese abuso que acaban de cometer lo están demostrando nuevamente aquí, no me dejan ver a mis escoltas y no me dan información. Respecto al permiso de portación de arma, qué ya se le olvidó al comisionado que fue él quien desarmó al municipio desde el primer momento que decidimos no participar con el Mando Único. Pero el artículo 115 de nuestra Constitución nos faculta y mis escoltas traen documentación que los certifica”, sentenció.

Luego de esperar por algunas horas, Alonso Plascencia, fue informado sobre el traslado de sus escoltas a las instalaciones de la delegación de la PGR en Morelos, quienes serán puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que se determine la legalidad de la portación de armas.

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