MORENO VALLE INICIA CACERÍA CONTRA PERIODISTAS ¨INCÓMODOS¨

Más de 50 reporteros, fotógrafos, editores y directivos de medios de comunicación; denunciaron públicamente al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, de emprender una cacería judicial en contra de ¨periodistas incomodos¨ que han señalado y cuestionado al titular del Poder Ejecutivo.

De acuerdo al diario ¨La Jornada de Oriente”, a tan solo cinco días de que termine su sexenio, personajes afines al gobierno estatal, interpusieron una serie de denuncias penales en contra de informadores y periodistas que han sido críticos de su administración.

A través de un documento firmado por trabajadores de diferentes medios de comunicación locales, entre ellos, La Jornada de Oriente, Lado B, e-consulta, Intolerancia, Periódico Centro, Foro 21 y El Heraldo de Puebla, los comunicadores aseguran:

“Hemos conocido a lo largo de seis años los procedimientos que utiliza el hoy aspirante a presidente de la República para lograr este propósito, que han ido desde el intento de estrangulamiento económico hasta las demandas contra comunicadores o sus familiares; hubo también asaltos a las oficinas de periodistas y amenazas reiteradas contra los comunicadores incómodos a él”, señalaron.

En el año 2012 el encargado de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Sergio Ramírez, intentó interponer demandas contra varios periodistas poblanos, lo cual no sucedió debido a la protesta de un grupo de articulistas y dueños de medios locales.

Al respecto, Cuauhtémoc Cruz Isidoro, secretario de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información de Puebla, refirió que el Congreso del estado no ha aprobado modificaciones derivadas de la reforma al Código Civil que despenalizaron los delitos de prensa.

Cabe señalar que el gremio periodístico en aquella entidad, ha criticado diferentes iniciativas que Moreno Valle ha ingresado al Congreso local como:

-La llamada ley bala que legalizó el uso de proyectiles de goma para reprimir manifestaciones.

-Las reformas a la Ley Estatal de Deuda Pública, para ocultar pasivos por más de 75 mil millones de pesos, y por donar 17 mil millones de pesos del erario a la armadora alemana de autos Audi.

– La privatización del agua en la capital del estado, lo que provocó que se dispararan las tarifas en algunos municipios.

– La imposición del fiscal general, el auditor superior, los comisionados de transparencia y varios magistrados del Tribunal Superior de Justicia, lo que fue considerado por la oposición y organizaciones civiles, una estrategia para cubrirse las espaldas una vez que abandone el cargo.

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